viernes, 18 de septiembre de 2015

Una democracia secuestrada

Los Estatutos generales de la Organización Colegial de Enfermería dictan instrucciones sobre el proceso electoral a la Presidencia y el Pleno del Consejo General de Enfermería. El proceso es el siguiente (art. 21):

Convocatoria por parte de la Comisión Ejecutiva, que deberá realizarse con, al menos, 15 días de antelación a la celebración de las elecciones: «Las elecciones se celebrarán mediante convocatoria de la Comisión Ejecutiva del Consejo General, que deberá verificarse con quince días naturales de antelación a la celebración de aquéllas». Sin duda es marca de la casa esta forma de redacción oscurantista: la convocatoria «deberá verificarse» con quince días… ¿Qué significa realmente «verificarse»? ¿Tiene que «verificarse» justo 15 días antes o al menos con 15 días de antelación? Como  dijo la Reina de Corazones a Alicia, lo importante no es qué significan las palabras, sino quién manda…
Presentación de candidaturas, que deberá tener lugar en los ocho días siguientes a la «comunicación» (quédense con este término, porque es importante) de la convocatoria. Ello quiere decir que desde que se «comunique» la convocatoria habrá ocho días naturales para formalizar la presentación de las candidaturas.
      Basándose en este procedimiento, que en principio solo obliga al Consejo General, muchos colegios han adoptado, bien en sus estatutos, bien como norma de (supuesta) aplicación subsidiaria, este procedimiento. Que en sí no es malo, sino que depende de cómo se utilice: si desde un profundo sentido democrático de las corporaciones colegiales o desde una concepción caciquil.
      Conociendo la trayectoria de la mayoría de los Colegios de Enfermería, y de algunos de sus nefastos caciques locales, no es de extrañar que se haya generalizado una praxis electoral profundamente antidemocrática ya que, aunque se cumplan formalmente las exigencias legales (que no siempre es el caso: los hay más zafios), no se cumplen las exigencias mínimas que califican como democráticas a unas elecciones (también con Franco, que es un buen referente en este caso, hubo «elecciones»).
      Veamos: si un Decreto gubernamental aprobado por el órgano ejecutivo no es efectivo hasta que se publica en el correspondiente boletín oficial, que es la garantía de que se ha dado conocimiento del mismo a toda la población, una resolución convocando elecciones no es efectiva hasta que se ha dado la oportunidad a todos los colegiados de conocerla y adoptar sus decisiones, por ejemplo, presentar una candidatura alternativa a la oficial, impugnar la resolución porque incumple la legalidad, solicitar aclaraciones en tiempo y forma, etc.
      Visto lo que viene sucediendo de forma habitual en el mismo CGE, en donde el juego democrático se trabaja en unos límites controlados y en beneficio de una reelección sin sobresaltos, siempre sobre terreno seguro y que permita casi sin duda alguna que los que están sigan permaneciendo en los puestos de decisión, podemos ver que esto es lo que acaba de suceder en el Colegio de Enfermería de Palencia. El día 27 de agosto se aprueba un acuerdo de la Junta de Gobierno para convocar elecciones y dicho acuerdo se da por «comunicado» el mismo día 27 de agosto a las 18:29:14 h., con lo cual… ¡nos comemos un día del plazo!



      ¿Se publica en la Ventanilla Única, como exige la Ley sobre Colegios Profesionales en su redacción actual? No, «Disculpa, este Módulo no está Activo», es decir, como en tantos otros colegios, no existe la Ventanilla Única que exige la ley desde el 27 de diciembre de 2009:



      Al menos, ¿se publica de manera visible en la «home» de la web, por ejemplo? No: aparece convenientemente escondida, ni siquiera en el «tablón de anuncios» virtual de la web (donde sí se colgó el anuncio de la candidatura única electa), sino en la sección «Eventos», un lugar al que es difícil que quien esté interesado vaya a consultar esta convocatoria... en caso de que supiera —o sospechara— que se iba a producir.
      (En este vídeo que acaba de difundir la Asociación Enfermería de Asturias se explica muy bien y con mucho detalle el proceso).
      ¿Se comunica por correo postal a todos y cada uno de los colegiados? Hemos confirmado con numerosas personas colegiadas en el COE de Palencia que no: ni correo certificado ni sin certificar: hasta ahora, nos dicen, ningún colegiado sabía nada ni recuerda haber recibido carta, mail, sms ni notificación de ningún otro tipo.
      ¿Se informa en la página de Facebook del Colegio? Que noooo.
      ¿Y a través del perfil de Twitter del Colegio? Que no, no seáis pesaos, los tuits del colegio «están protegidos» (¿qué tendrá que ocultar tan celosamente una corporación de derecho público?) y solo son accesibles a los 160 seguidores que a día de hoy tiene el perfil, pero no a los al menos 1.054 colegiados (1.214 menos 160) que no son seguidores.

En definitiva: se aprueba por la Junta Directiva con «agosticidad» y alevosía, se  «comunica» la convocatoria, convenientemente escondida, el mismo día a última hora y exactamente 10 días después… ¡voilá, ya tenemos reelegidos a los mismos bucaneros! Bueno, bonito, barato... y seguro.

Ya sin sarcasmo, estas conductas son simplemente terribles e inaceptables y alguien con la capacidad necesaria para ello y con el deber de controlar la legalidad y el buen gobierno  de las corporaciones públicas debería hacer algo para poner en su sitio a estos tramposos.  Empezando por el Consejo General de Enfermería… Sí, ya sabemos que son los primeros que hacen trampas, pero a fin de cuentas los estatutos generales, en su artículo 24.15, asignan al Consejo la función de:

 «Velar por que se cumplan las condiciones exigidas por las Leyes y por los Estatutos para la presentación y proclamación de candidatos para los cargos de las Juntas de gobierno de los Colegios, siempre que así lo contemplen los Estatutos particulares de los Colegios o, en todo caso, cuando la legislación estatal y autonómica sobre la materia no estableciese lo contrario.»
En nuestra modesta opinión (y alguna consulta jurídica informal hemos realizado) es un claro fraude de ley y, presuntamente, un delito electoral, si no directamente una —presunta— conducta prevaricadora. De manera que, quien avale jurídicamente el proceso electoral sin haber realizado el control de legalidad, incurre en los mismos presuntos delitos y constatadas irregularidades.
      Lo dramático, más allá de esta horrible zafiedad que describimos, es que solo en los últimos meses este modus operandi se ha utilizado en los colegios de Enfermería de Cádiz, León, Granada, Cáceres, Lugo… y por el propio Consejo General, que tan bien ilumina con su ejemplo el camino a seguir para perpetuarse en el poder sin el menor sentido democrático y quitando a los colegiados, que se supone que son su razón de ser y el lugar del que emana su autoridad política y administrativa, la capacidad democrática de elegir —o no— a sus representantes legales.
      Esto es un atentado contra la democracia, especialmente teniendo en cuenta que los colegios no son asociaciones privadas a las cuales uno se apunta si quiere; y cuando se aburre, desespera, cabrea… se borra. No, porque la colegiación es obligatoria para las enfermeras y los colegios profesionales son corporaciones de derecho público y tienen, al menos en el cumplimiento de sus funciones públicas, exactamente las mismas obligaciones de legalidad que cualquier administración pública.
      Vale… ya sabemos que las administraciones públicas no son muchas veces un gran ejemplo a seguir, pero, al menos, cuando se producen actuaciones contrarias a la ley existen muchas probabilidades de que desde algún organismo de control, sea administrativo o judicial, se las persiga y castigue. En el mundo directivo colegial, sin embargo, existe una sólida cultura, alentada de facto desde el Consejo General,  de la impunidad: haga lo que uno haga, por innoble o sucio que sea (empezando por el propio presidente del Consejo General, con una trayectoria jalonada de denuncias de corrupción en los medios que con que solo el 10% fuera verdad ya sería intolerable), nunca pasa nada, especialmente porque las administraciones públicas incurren sistemáticamente en una dejación escandalosa de sus obligaciones de control de legalidad y buenas prácticas de gobierno. Afortunadamente algún caso —como el del imputado presidente del Colegio de Asturias al que seguramente seguirán en los próximos meses algunos otros, donde han sido los propios colegiados quienes han dicho basta— permite soñar con que empiecen a caer las fichas de dominó puestas en fila de los corruptos, los mangantes y los tramposos.
      Pero también hay que reconocer que esto pasa porque las enfermeras, con tan honrosas como limitadas excepciones —que afortunadamente también se dan en la escasa  estructura colegial que está «en el lado decente de la fuerza»—, pagamos nuestras cuotas y parece que no nos importa qué se hace con ellas, incluso si alguien se las queda como ha sucedido ya en unas cuantas ocasiones (por no remontarnos más en el tiempo, el anterior presidente de Murcia y, presuntamente, el  actual de Asturias, ya imputado; más las que «todos sabemos» en nuestras provincias a día de hoy y que antes o después, sin duda, acabarán desvelándose).
      Al margen de cuál sea el desenlace y sin tomar partido por ninguna de las tres candidaturas que se presentan, el contrapunto lo presenta en estos momentos el Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Barcelona, que realiza un seguimiento exhaustivo y transparente del proceso electoral, a través de un apartado específico y destacado con un banner en la «home» de la web colegial (incluidos enlaces a las web particulares de las tres candidaturas). Y sobre todo, con un plazo de presentación de candidaturas de ocho días también… pero precedido de un período entre la convocatoria y su «comunicación» de 27 días o sea, en total 35 días para poder organizarse en candidaturas alternativas, impugnar las resoluciones y actos, etc. Es decir, hacen las cosas como deben hacerse para conseguir una garantía plena de respeto a la democracia que este tipo de elecciones debe tener.
      Debería darles vergüenza a los innobles directivos del colegio de Palencia actuar de la forma chabacana y abusona con que lo han hecho. Seguramente esperaban que nadie se diera cuenta, pero no ha sido así. Ojalá la ley permitiera a los colegiados y colegiadas rebelarse contra esta forma de abuso de poder «legal» y echar a quienes de esta forma actúan... pero nos vamos a quedar con las ganas, por lo menos, 5 años más.

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